El Grupo Toyota reconoció que hubo fallas en el proceso de homologación de sus motores diésel, y aunque suspendió los envíos, parece no es necesario un “recall”.
- Este es el último revés para Toyota, luego del escándalo anterior de la submarca Daihatsu en las pruebas de seguridad (ver nota).
- Se han suspendido temporalmente los envíos de 10 modelos con motores producidos por la filial Toyota Industries Corporation (TICO).
- Las irregularidades afectan a modelos de Toyota, Lexus, Mazda e Hino.
Una investigación interna reveló que, durante el proceso de certificación, se usó una unidad de control electrónico (ECU) alterada para medir el rendimiento de potencia de los motores. Esta ECU era diferente a la que se instaló en los vehículos de producción en serie, y mostraba resultados con menos variaciones en la curva de potencia y torque.
El problema afecta a los motores 2GD (2.4 TD), 1GD (2.8 TD) y F33A (3.3 V6 Bi TD); estos son los que equipan a los Toyota Hilux, Fortuner y Hiace, y el último es el que impulsa al Toyota Land Cruiser 300 y Lexus LX.
Los modelos afectados
Toyota afirma que ha revisado de nuevo los motores de producción en serie y comprobó que cumplen con los estándares de rendimiento. Por lo tanto, no hay necesidad de dejar de usar los productos afectados.
Sin embargo, TICO ha suspendido el envío de los motores y Toyota ha paralizado temporalmente las entregas de los vehículos implicados.
Esta medida, por ahora, parece que solo afectará a los clientes de Japón, Asia, Oriente Medio, África y Europa, ya que la planta de Argentina que suministra nuestra región no está en la lista, incluso cuando aquí se comercializan estos motores.
El Ministerio de Transporte de Japón dijo en un comunicado que había ordenado a Toyota Industries que abordara su mala gestión de las pruebas de motores, y agregó que realizaría inspecciones y aplicaría sanciones.
“El fraude es un acto que socava la confianza de los usuarios y sacude los cimientos mismos del sistema de certificación automotriz”, dijo el ministerio.
Toyota se compromete a dar explicaciones detalladas a las autoridades y a tomar medidas adecuadas con rapidez, incluyendo la realización de pruebas con testigos, si fuera necesario.
